El conflicto se desató luego de que medios provinciales difundieran capturas de registros del Banco Central de la República Argentina insinuando que Carbel habría accedido a un crédito millonario de 115 millones de pesos del Banco de la Nación Argentina. La respuesta no tardó en llegar… y fue explosiva.

ACUSACIÓN DIRECTA: “DATOS MANIPULADOS”

Carbel no solo negó haber recibido ese préstamo, sino que denunció una maniobra política burda: aseguró que los datos fueron sacados de contexto y directamente alterados.
“Han tomado información real del Banco Central, pero adulteraron los números”, disparó.

Según explicó, las cifras corresponden a movimientos acumulados de su actividad privada a lo largo de más de 20 años, no a un crédito reciente ni a ningún tipo de privilegio estatal.

DE FONDO: UNA GUERRA POLÍTICA SIN FILTRO

La acusación no quedó en lo técnico. Carbel fue más allá y calificó todo como una “operación política”, enmarcando el episodio en la disputa entre el oficialismo provincial alineado con Ricardo Quintela y el crecimiento libertario en el interior.

Incluso redobló la apuesta con una frase que cayó como bomba:
“Yo puedo justificar mi patrimonio… no sé si él puede decir lo mismo”.

SIN JUSTICIA, SEGÚN LOS LIBERTARIOS

En un dato que agrava el escenario institucional, Carbel descartó avanzar judicialmente. ¿El motivo? Falta de confianza total en el sistema:
“La justicia está tomada hace tiempo. Cualquier denuncia va a dormir en un cajón”.

Una definición que no solo cuestiona al ministro, sino que deja bajo sospecha a todo el esquema judicial provincial.

La sentencia no solo fija una reparación cercana a los 4 millones de pesos —actualizables tras seis años de proceso—, sino que deja un mensaje brutalmente claro: esconderse detrás de perfiles falsos ya no alcanza.

El caso, que comenzó en 2020 pero se originó tras la ruptura de la pareja en 2019, expone un patrón de persecución digital sostenida. Según se acreditó en el expediente, la mujer desplegó una campaña sistemática en redes sociales con publicaciones ofensivas, discriminatorias y acusaciones falsas, incluyendo la difusión de una supuesta enfermedad de transmisión sexual que jamás existió.

El impacto fue inmediato y concreto. El policía no solo sufrió un daño moral evidente, sino que también vio afectada su carrera dentro de la fuerza: se le abrió un sumario administrativo y quedaron bloqueadas sus posibilidades de ascenso. La difamación dejó de ser un simple “posteo” para convertirse en un perjuicio laboral y económico tangible.

DENUNCIAS FALSAS Y UNA ESTRATEGIA QUE SE DERRUMBÓ

Como si no alcanzara, la mujer avanzó con denuncias por violencia de género contra su ex pareja. Pero la Justicia fue tajante: todas fueron investigadas y archivadas por falta absoluta de pruebas. El intento de escalar el conflicto al ámbito penal terminó jugando en su contra.

EL DETALLE CLAVE: CÓMO LA JUSTICIA ROMPIÓ EL ANONIMATO

El corazón del fallo está en la forma en que se probó la autoría. No hubo hackeos sofisticados ni rastreos de IP. El tribunal se apoyó en prueba indiciaria: mismo lenguaje, mismas acusaciones, mismos datos íntimos. Un patrón repetido que terminó delatando a la autora.

La conclusión es potente: en la era digital, el anonimato no se rompe solo con tecnología, también cae por su propio peso cuando la conducta es evidente.

UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LA RIOJA

Los abogados del caso, Celeste Maidana y Pablo Arrieta, calificaron la sentencia como un punto de inflexión en la jurisprudencia local. Y no exageran. Este fallo instala un criterio clave: el daño al honor en redes tiene consecuencias reales, medibles y ejecutables.

Además, advierten que la vía civil no es el techo. Este tipo de conductas puede escalar a causas penales por calumnias, injurias o falsa denuncia, con riesgo de prisión efectiva.

UNA DEUDA QUE CRECE CON EL TIEMPO

El número inicial —4 millones de pesos— ya quedó viejo. Con seis años de inflación acumulada, la cifra final será considerablemente más alta. La actualización de intereses definirá cuánto costará, en términos reales, haber convertido las redes sociales en un arma de destrucción personal.

El próximo martes, al menos diez jefes comunales encabezados por Jorge Salomón y con respaldo del diputado Federico Sbiroli se sumarán a una movilización nacional frente al Ministerio de Economía, reclamando fondos y obras que, aseguran, fueron frenados por el ajuste de Javier Milei.

La escena no es nueva: intendentes que durante años administraron con caja asegurada ahora descubren el rigor del ajuste… y salen a la calle. El punto de encuentro será la Federación Argentina de Municipios (FAM), desde donde marcharán hacia la cartera que conduce Luis Caputo para entregar un reclamo formal.

MUNICIPIOS EN CRISIS… ¿Y GESTIÓN DÓNDE?

El argumento oficial es contundente: los municipios son “la primera ventanilla de contención”. Pero la pregunta incómoda aparece sola: ¿qué hicieron durante años para no depender exclusivamente de la billetera nacional?

El modelo es conocido. Economías municipales atadas al empleo público, escasa generación de recursos propios y una estructura política que funciona mientras fluye el dinero. Cuando se corta, llega la marcha.

LA UNIDAD DEL PJ: ¿FORTALEZA O CORPORACIÓN?

Salomón y Sbiroli no perdieron oportunidad para reivindicar la “unidad” del peronismo riojano, destacando el rol del gobernador Ricardo Quintela como armador político. Incluso recordaron el armado electoral que llevó al triunfo en los 18 departamentos, con la fórmula Herrera-Pedrali.

Pero esa unidad también puede leerse como un sistema cerrado: mismos nombres, mismas lógicas, mismos resultados. Mucho consenso interno… pero poca innovación externa.

VIAJES, PROYECTOS Y REALIDAD

Sbiroli defendió las gestiones internacionales realizadas desde la FAM —España, Perú, Brasil— y mencionó proyectos como el parque solar en Sanagasta. Sin embargo, en el terreno, la realidad golpea: falta de obras, dependencia financiera y municipios que ahora salen a pedir lo que no supieron generar.

EL JUEGO NACIONAL: QUINTELA Y KICILLOF

En clave política, el PJ riojano busca posicionarse en el tablero nacional. Quintela aparece alineado con Axel Kicillof como referencia opositora, en un intento de reconstrucción del peronismo rumbo a 2027.

Pero mientras se proyectan liderazgos, la gestión local queda en pausa. Y eso, para los vecinos, no es relato: es falta de respuestas.

LA RIOJA.– En un escenario político fragmentado y con una oposición que todavía busca ordenarse, el concejal capitalino Nazareno Rippa decidió salir a marcar la cancha sin medias tintas: la UCR no solo sigue viva, sino que va a competir por el poder en 2027.

Pero no fue solo una declaración política. Fue también un diagnóstico incómodo sobre la realidad económica y social de la provincia.

“Un salario ideal supera el millón”

La frase más fuerte no tardó en llegar.
Rippa puso sobre la mesa un número que incomoda al oficialismo:
un salario digno en La Rioja debería superar el millón de pesos.

Una afirmación que deja en evidencia la brecha entre los ingresos reales —especialmente del sector público— y el costo de vida actual.

El mensaje es directo hacia el gobierno de Ricardo Quintela:
las paritarias no alcanzan y el bolsillo está cada vez más golpeado.

Un modelo agotado

Pero el edil fue más allá del número. Apuntó al problema estructural:

📉 Dependencia extrema del empleo público
📉 Falta de desarrollo industrial
📉 Ausencia de inversión privada real

Para Rippa, La Rioja sigue atrapada en un esquema económico sin salida, donde cada crisis fiscal termina impactando directamente en miles de familias.

Sobre la gestión de Javier Milei, tomó distancia de los extremos: reconoció avances en la macroeconomía, pero advirtió que la caída del consumo y el cierre de comercios ya se sienten en la calle.

El reclamo urgente: familias en riesgo

El momento más crítico de su intervención tuvo nombre propio:
Barrio 20 de Mayo.

Allí, familias viven bajo amenaza por el avance del río Tajamar, mientras —según denunció— el municipio no ejecuta soluciones concretas.

Rippa fue categórico contra el intendente Armando Molina:

👉 Exigió cumplir el acuerdo de evacuación
👉 Garantizar alquileres para los afectados
👉 Evitar que las familias pierdan sus viviendas

Además, cuestionó la falta de transparencia en proyectos oficiales vinculados a tierras y reubicación.

La jugada política: 2027 en la mira

En clave electoral, el mensaje también fue claro:
la UCR no se diluye ni se esconde.

Rippa confirmó que el radicalismo buscará construir un frente opositor competitivo, pero sin perder identidad.

El objetivo es ambicioso:
terminar con décadas de hegemonía peronista en la provincia.

El trasfondo: cambio de ciclo o más de lo mismo

La aparición de Rippa con este discurso no es casual. Marca el inicio de una etapa donde la oposición empieza a reorganizarse y a disputar el relato político.

La gran pregunta que queda flotando es:

¿La Rioja está frente a un cambio de ciclo o el oficialismo seguirá controlando el poder como hasta ahora?

Controles estrictos en la Terminal Durante la charla, la funcionaria explicó el rol fundamental que cumple el organismo nacional en la seguridad vial de los riojanos. "Estamos todos los días en la Terminal de Ómnibus controlando que las unidades salgan en condiciones óptimas", aseguró Quinteros Soluaga.

Las fiscalizaciones no solo abarcan el estado técnico de los vehículos —como neumáticos, luces y cinturones de seguridad— sino que ponen un foco especial en el factor humano. La delegada destacó que se realiza un control riguroso sobre los choferes, verificando licencias, el cumplimiento de las horas de descanso y la realización de controles de alcoholemia previos a salir a la ruta.

El conflicto con los pasajes por discapacidad Uno de los momentos más importantes de la entrevista abordó una de las quejas más recurrentes de los ciudadanos: la negativa de algunas empresas a otorgar los pasajes gratuitos para personas con certificado de discapacidad.

Lejos de esquivar el tema, la Licenciada fue categórica: "El pase por discapacidad es un derecho garantizado por ley. Las empresas de transporte nacional tienen la obligación de otorgarlo". Además, instó a los usuarios a no resignarse ante una negativa en la ventanilla. "Si les dicen que no hay cupo, tienen que acercarse inmediatamente a la oficina de la CNRT en la terminal. Nosotros intervenimos en el momento. Les pedimos que no se queden con el 'no' y que denuncien, porque sin el reclamo formal no podemos sancionar a la empresa", enfatizó.

Recomendaciones para un viaje seguro Antes de finalizar su paso por el streaming de la 97.3, la delegada regional dejó un consejo vital para quienes están por emprender un viaje: el uso del cinturón de seguridad durante todo el trayecto. "Parece algo menor, pero salva vidas", remarcó.

Vías de contacto y denuncias Para realizar reclamos, consultas o denunciar irregularidades, los ciudadanos pueden:

• Dirigirse a la oficina de la CNRT en la Terminal de Ómnibus de La Rioja (abierta de lunes a lunes).

• Llamar a la línea gratuita 0800-333-0300.

• Ingresar al portal web oficial de la CNRT.

Con esta nueva gestión, la delegación local busca acercar el organismo a la gente, garantizando que los derechos de los pasajeros se cumplan y que el transporte desde y hacia La Rioja sea cada día más seguro.

LA RIOJA — En un contundente intento por frenar el accionar delictivo desde las celdas, el Servicio Penitenciario Provincial de La Rioja llevó a cabo una requisa general que resultó en el secuestro de más de cien teléfonos celulares que estaban en poder de los internos. Este operativo marca el inicio de una política estricta que prohíbe de manera definitiva el acceso a redes sociales y el uso de dispositivos móviles no autorizados dentro de la institución.

El operativo: pabellones y espacios comunes bajo la lupa

Según detallaron fuentes del ámbito penitenciario, el procedimiento se desplegó mediante controles simultáneos en los distintos pabellones del penal. Los agentes llevaron a cabo una exhaustiva revisión de las pertenencias personales de los reclusos y de los espacios de uso común.

El saldo de la intervención fue la incautación de un gran volumen de dispositivos móviles, tarjetas SIM (chips), cargadores y otros elementos tecnológicos, cuya tenencia está terminantemente prohibida por los reglamentos del establecimiento. Las autoridades confirmaron que, conforme a los protocolos vigentes, todos los equipos confiscados serán destruidos.

Estafas y amenazas: el fin del "home office" delictivo

Desde la conducción del Servicio Penitenciario explicaron que la decisión de avanzar con este megaoperativo se tomó tras detectar un alarmante volumen de comunicaciones no autorizadas. Los internos utilizaban las redes sociales no solo para interactuar con el exterior, sino, fundamentalmente, para ejecutar presuntas maniobras de estafas virtuales, amenazas y la coordinación de hechos delictivos con cómplices en las calles.

Para erradicar estas prácticas, las autoridades dispusieron un nuevo esquema de seguridad que incluye:

• Prohibición total del uso de teléfonos celulares.

• Bloqueo definitivo del acceso a redes sociales.

• Habilitación exclusiva de canales de comunicación oficiales y controlados para el contacto con familiares.

Controles más estrictos y alineación nacional

El cerrojo no se limitará únicamente a las celdas. Se ordenó reforzar de manera rigurosa las requisas en los ingresos al penal, abarcando tanto a las visitas como al propio personal penitenciario, con el fin de cortar de raíz el circuito de ingreso clandestino de la tecnología. Además, advirtieron que los operativos sorpresa continuarán desarrollándose de forma periódica.

Esta drástica medida en La Rioja se enmarca en una tendencia que ya está siendo adoptada por diversos servicios penitenciarios a lo largo del país, en respuesta al crecimiento exponencial de los delitos digitales organizados desde unidades carcelarias.

"El objetivo es recuperar el control interno, evitar comunicaciones ilegales y garantizar que las conexiones con el exterior se realicen únicamente por vías autorizadas y supervisadas", remarcaron fuentes oficiales, dejando en claro que se terminó la era de la conectividad irrestricta en el penal provincial.

LA RIOJA — La eliminación del programa nacional “Volver al Trabajo” (ex Potenciar Trabajo) generará un fuerte impacto político y social en la provincia. La medida afectará a más de 11.000 beneficiarios riojanos que dejarán de percibir el ingreso mensual directo. Sin embargo, el dato que mayor controversia genera es cómo estaban distribuidos esos fondos: el 77% de los planes —unos 8.500— eran administrados directamente por organizaciones sociales.

Desde el Ministerio de Capital Humano de la Nación señalaron que el objetivo central de esta reforma es terminar con la intermediación y desactivar lo que califican como una "administración irregular".

Según denunciaron fuentes de la cartera nacional, el esquema anterior habilitaba prácticas fuertemente cuestionadas, tales como la exigencia de un porcentaje o cuota mensual a los beneficiarios, la obligación de asistir a marchas o piquetes para no perder el beneficio, y la asignación de planes a militantes o personas directamente vinculadas a las estructuras políticas de los movimientos territoriales.

“Con el sistema de vouchers se corta la intermediación. Se terminó el manejo discrecional, las listas armadas por organizaciones y el uso político de los planes. Se acabó el curro”, sentenciaron desde el Gobierno nacional.

El nuevo modelo: de la caja al "voucher" de capacitación

El cambio de paradigma implica la eliminación del pago mensual directo. En su lugar, el Estado implementará un sistema de vouchers de capacitación laboral.

A partir de ahora, el Estado financiará cursos de oficios, formación técnica y programas de inserción laboral. Para acceder al beneficio, los titulares deberán inscribirse y asistir de manera efectiva a estas formaciones, sin ningún tipo de intervención de las organizaciones sociales. La asistencia dejará de ser automática y quedará estrictamente condicionada a la participación comprobable en los cursos.

El mapa de los planes sociales en La Rioja

De acuerdo con las estimaciones oficiales, los 8.500 planes que estaban bajo el control de las organizaciones en la provincia se distribuían de la siguiente manera:

• Movimiento Evita / UTEP: 3.000 beneficiarios.

• Corriente Clasista y Combativa (CCC): 1.800 beneficiarios.

• Somos Barrios de Pie: 1.200 beneficiarios.

• Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE): 900 beneficiarios.

• Frente Popular Darío Santillán: 600 beneficiarios.

• Otras organizaciones y cooperativas: 1.000 beneficiarios.

Por otro lado, los restantes 2.500 beneficiarios (completando así el universo de más de 11.000 afectados) dependían de unidades de gestión del Estado provincial o de otras estructuras administrativas gubernamentales.

En La Rioja, el impacto de esta transición será significativo. No solo por la enorme cantidad de familias alcanzadas por la medida, sino por el inminente recorte de poder territorial y caja que sufrirán los movimientos sociales al perder la administración de estos recursos, en el marco de una política nacional que busca virar de la asistencia directa a la inserción en el mercado laboral formal.

 El diputado Diego Molina Gomez presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo provincial explique el posible uso político de recursos del Estado presuntamente articulado por funcionarios provinciales, en relación con acciones vinculadas a beneficiarios dados de baja del programa nacional “Volver al Trabajo”.

Desde el bloque de diputados de La Libertad Avanza quieren saber:

* El origen y organización de los escraches realizados en el domicilio del Diputado Nacional Martín Menem

* Si el Estado provincial está patrocinando demandas contra el Estado Nacional

* Quiénes son las personas asistidas

* Bajo qué normas y competencias se estaría actuando

El uso de recursos públicos con fines políticos, de confirmarse, constituye un hecho de extrema gravedad institucional y delictual.

Aumento salarial como un paliativo en medio de la tormenta

El titular de la UOCRA confirmó que el gremio cerró recientemente una paritaria nacional que incluye un incremento del 5.8% aplicable al salario básico desde marzo. A esto se le suma un esquema de sumas no remunerativas (bonos) para los meses de marzo, abril y mayo, divididos según las categorías: $80.000 para ayudantes, $90.000 para medio oficiales y $100.000 para oficiales.

Sin embargo, Di Fiori advirtió que los incrementos chocan contra una realidad paralizante: el fondo de cese laboral (seguro de desempleo) está llegando a su límite. "El Norte y el Sur del país están sufriendo un desmande de falta de obra terrorífico. Eso hace que estos fondos se acaben y los compañeros no tengan a qué recurrir", sentenció el dirigente.

El colapso de la obra pública: De 15.000 a 1.500 obreros

Consultado sobre la responsabilidad política y el impacto de los últimos años de gestión, Di Fiori fue tajante al graficar la caída de la actividad en La Rioja. "Veníamos tirando manteca al techo porque teníamos 15.000 obreros de la construcción en La Rioja, y pasamos a tener 1.500. La obra pública y las inversiones privadas se frenaron totalmente. Hoy no tenemos una vivienda, una ruta, no tenemos nada", alertó.

Distancia con la CGT y críticas a los sueldos de Quintela

Como miembro del triunvirato de la CGT local, Di Fiori se mostró autocrítico respecto a las medidas de fuerza recientes, asegurando que "los paros no daban resultado" y solo "causaban daño a los propios trabajadores".

Aunque definió al gobernador Ricardo Quintela como "un compañero y un líder", no dudó en calificar de "paupérrimos" y "terroríficos" a los salarios de la administración pública de La Rioja. Ante el reclamo periodístico sobre la inacción de la CGT frente al gobierno provincial, Di Fiori reconoció la crisis salarial generalizada y exigió reactivar las inversiones de manera urgente, vengan de Nación o de Provincia.

Pese a un amparo con fallo firme del Tribunal Superior de Justicia que exige cobertura total, APOS decidió mirar para otro lado. Multas diarias millonarias, expedientes que desaparecen y la salud de un paciente en juego. "¿A dónde va la plata de los 80.000 afiliados?", sentenció.

La salud no puede esperar, pero para la Administración Provincial de Obra Social (APOS), los tiempos judiciales y las necesidades de sus afiliados parecen ser un tema menor. En una entrevista cruda y directa, el periodista Archi Torres denunció públicamente el abandono institucional que sufre su hijo, quien padece una enfermedad poco frecuente diagnosticada en marzo de 2017.

Tras años de lucha, en agosto de 2024, el Tribunal Superior de Justicia emitió un fallo unánime a su favor, ordenando a la obra social la cobertura absoluta del tratamiento. Sin embargo, la respuesta del Estado fue la desidia.

De cumplir a medias al abandono total

"Del cumplimiento a medias, pasaron al incumplimiento total", relató Torres, evidenciando cómo la obra social provincial desoye una orden directa del máximo órgano judicial de La Rioja. El amparo es claro: APOS debe entregar la "totalidad" de la medicación e insumos, pero en la práctica, la familia debe costear de su bolsillo guantes descartables, cremas y soluciones de limpieza de altísimo costo.

A modo de ejemplo, Torres detalló que una receta magistral ronda los $200.000 y apenas dura un mes, mientras que un solo frasco de Prontosan (del cual necesitan tres) cuesta $90.000. Costos inasumibles que la obra social ignora sistemáticamente.

Multas diarias de $900.000 y expedientes fantasmas

La gravedad del caso llegó a tal punto que la Justicia ya impuso una sanción económica ("astreintes") por rebeldía. APOS y su máxima autoridad enfrentan una multa diaria que ronda entre los $800.000 y $900.000 por cada día de incumplimiento. Aún así, la cobertura no aparece.

A esto se suma el "apagón informático" de la institución. Según Torres, desde el 1 de enero se dio de baja la página web para el seguimiento de expedientes. "Dejás un expediente en mesa de entrada y olvidate, no tenés la menor idea por dónde va", denunció, exponiendo la falta de transparencia de una entidad que le descuenta mensualmente entre $15.000 y $25.000 a un universo de 80.000 afiliados.