CHACO EN SHOCK: UNA MUERTE QUE GRITA RESPONSABILIDADES
El silencio institucional vuelve a estar en el banquillo. Este miércoles, familiares, amigos y compañeros de Fernanda Almada se manifestaron frente a la Escuela de Educación Técnica (EET) N° 16 “1° de Mayo”, exigiendo justicia tras la muerte de la joven de 18 años, ocurrida el pasado 15 de marzo.
La denuncia es tan directa como devastadora: Fernanda pidió ayuda, denunció bullying… y nadie hizo nada.
Rocío Chamorro, prima de la víctima, fue contundente al reconstruir el inicio del calvario. Según relató a Radio Sudamericana Chaco, el hostigamiento comenzó a fines de 2024. “Llegó con un ataque de nervios y nos contó que la estaban molestando en la escuela”, explicó.
Lejos de mirar para otro lado, la familia actuó. Presentaron una denuncia formal ante la institución. Hubo acta. Hubo firmas. Hubo advertencias claras, incluso con menciones a un posible suicidio. Todo estaba escrito. Todo estaba avisado.
Pero nada cambió.
“El director nos dijo que no hacía falta ir al Ministerio, que él iba a cortar el problema de raíz. Nunca lo hizo”, disparó Rocío, dejando en evidencia una promesa que hoy pesa como una condena moral.
EL DETERIORO QUE NADIE QUISO VER
Con el correr de los meses, Fernanda se fue apagando. Ataques de pánico, miedo constante, insomnio y una angustia creciente marcaron su día a día.
“No quería venir sola, había que acompañarla. Imagínese el miedo que tenía”, relató su prima.
La situación era crítica. Visible. Evitable.
Sin embargo, según denuncia la familia, desde la institución minimizaron lo que ocurría. Incluso desde el área psicopedagógica habrían deslizado una frase que hoy indigna: que lo que le pasaba era “lógico por ser introvertida”.
Como si la víctima fuera responsable. Como si el problema fuera su personalidad y no la violencia que sufría.
ANTECEDENTES IGNORADOS Y UN PATRÓN QUE SE REPITE
El caso no sería aislado. Según los familiares, ya existía una denuncia en 2023 contra el mismo grupo de agresores. Tampoco pasó nada.
La impunidad, al parecer, no es nueva. Es estructural.
Pese a tener identificados a los responsables, nunca se convocó a los padres de los presuntos agresores. Nunca hubo una intervención seria. Nunca hubo un freno real.
El resultado: una vida perdida y una comunidad conmocionada.
JUSTICIA Y POSIBLES CONSECUENCIAS PENALES
Tras la tragedia, la familia avanza con una denuncia penal contra los presuntos responsables y no descarta nuevas medidas, como el análisis de teléfonos y comunicaciones.
Además, exigen la remoción de las autoridades escolares.
“Si no cuidaron a mi prima, no quiero que esto le pase a nadie más”, reclamó Rocío.
El pedido es claro: que esta muerte no quede archivada como un caso más.
CUANDO EL ESTADO MIRA PARA OTRO LADO
Lo de Fernanda no es solo una tragedia personal. Es el síntoma de un sistema que falla donde más importa: en proteger.
El bullying no es una “etapa”, no es “cosa de chicos”, no es un problema menor. Es violencia. Y cuando se naturaliza, cuando se minimiza o —peor aún— cuando se ignora, puede matar.
Acá hubo señales. Muchas. Hubo denuncias formales. Hubo pedidos de ayuda. Hubo tiempo para actuar.
Lo que no hubo fue decisión.
Y esa falta de decisión también es responsabilidad.
Porque cuando una institución educativa elige no intervenir, deja de ser un espacio de contención para convertirse en cómplice por omisión.
La pregunta incómoda —pero necesaria— es esta: ¿cuántas Fernandas más hacen falta para que reaccionen?
